WASHINGTON (OSV News) -- La administración Biden anunció el 18 de junio una acción ejecutiva que permite a ciertos cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses solicitar la residencia permanente sin tener que salir primero del país, como se les exigía anteriormente.

La Casa Blanca dijo que la medida, destinada a mantener unidas a las familias, protegerá de la deportación a aproximadamente medio millón de cónyuges no ciudadanos de ciudadanos estadounidenses, y a unos 50.000 niños no ciudadanos menores de 21 años cuyo progenitor esté casado con un ciudadano estadounidense. Según el anuncio, para poder acogerse a la medida, los no ciudadanos deben haber residido en Estados Unidos durante 10 años o más y estar legalmente casados con un ciudadano estadounidense, además de cumplir todos los demás requisitos legales pertinentes.

J. Kevin Appleby, investigador principal de política del Centro de Estudios Migratorios de Nueva York y ex director de política migratoria de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, dijo a OSV News que "es una acción importante que mantiene y fortalece a las familias estadounidenses, en lugar de deportarlas y separarlas".

"Esta medida está perfectamente alineada con la enseñanza católica, también, ya que promueve el matrimonio y la unidad familiar", dijo. "La única desventaja es que no extiende el beneficio a todas las familias inmigrantes en esta situación".

Antes de la orden, casarse con un ciudadano estadounidense podía proporcionar una vía hacia la residencia o la ciudadanía estadounidense, pero las personas que cruzaban ilegalmente la frontera sur en lugar de llegar con un visado debían regresar a sus países de origen para completar el proceso de solicitud de una "green card”. Los detractores de ese proceso argumentaban que separaba a las familias y creaba un factor disuasorio a la hora de buscar vías legales, ya que podía dar lugar a largas separaciones.

El anuncio se produjo durante el aniversario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA. Dicho programa fue creado en 2012 bajo la administración Obama para ofrecer protección contra la deportación a ciertos inmigrantes que fueron traídos al país cuando eran niños.

El obispo Mark J. Seitz de El Paso, Texas, presidente del Comité de Migración de la conferencia episcopal estadounidense, dijo en un comunicado: "Damos la bienvenida al anuncio de hoy y la esperanza que trae a miles de familias estadounidenses que han luchado con el miedo a la separación durante una década o más".

"Al conmemorar el duodécimo aniversario de DACA, hemos visto los impactos positivos que tales programas pueden tener, no solo para los propios beneficiarios, sino para las familias, los empleadores y las comunidades que dependen de ellos. Este nuevo programa seguramente producirá beneficios similares", dijo el obispo Seitz."Sin embargo, a medida que el destino de DACA pende de un hilo, también sabemos cuán insuficientes son estos programas", continuó. "Los legisladores tienen el deber moral y patriótico de mejorar nuestro sistema de inmigración legal, incluidas las oportunidades disponibles para la reunificación y preservación familiar. Una sociedad es tan fuerte como sus familias, y la unidad familiar es un derecho fundamental. Por el bien del país, el Congreso debe encontrar la manera de superar las divisiones partidistas y promulgar una reforma de la inmigración que incluya un programa de legalización para los residentes indocumentados de larga duración".

La medida adoptada por Biden en este año electoral podría proteger a cientos de miles de personas de la deportación y podría atraer a votantes de circunscripciones clave en estados disputados como Arizona y Nevada, donde existen grandes poblaciones de los llamados hogares con "estatus mixto". La medida es también una rama de olivo para los críticos progresistas del presidente, que se opusieron a su orden ejecutiva del 4 de junio destinada a reducir los cruces fronterizos no autorizados de solicitantes de asilo.

Karoline Leavitt, secretaria nacional de prensa de la campaña de Trump, argumentó que la orden de Biden dará "amnistía masiva y ciudadanía a cientos de miles de ilegales que él sabe que en última instancia votarán por él y por el Partido Demócrata de Fronteras Abiertas".

Pero Anna Gallagher, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network Inc, o CLINIC, dijo en un comunicado: "Estas políticas son un soplo de aire fresco y una dosis de esperanza para muchos de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes".

"Acogemos con satisfacción estas medidas, conscientes de las enormes repercusiones que tendrán para los clientes de nuestra red", declaró Gallagher. "La doctrina social católica apoya las políticas que promueven la unidad familiar, reconociendo a la familia como el principal pilar de la sociedad. La Iglesia ha defendido constantemente a los beneficiarios de DACA, que son vitales para nuestra comunidad. Estas acciones se alinean con los valores de nuestra fe y proporcionarán un bienvenido alivio a las familias inmigrantes".

Gallagher reiteró la oposición de su grupo a la orden anterior de Biden que limitaba el asilo.

"Mientras celebramos estas victorias para las familias inmigrantes, seguimos siendo conscientes de las recientes órdenes ejecutivas que restringen el acceso al asilo", dijo Gallagher. "Abogamos y rezamos por medidas que reconozcan la dignidad de todas las personas, independientemente de su estatus. Una sólida protección del asilo es esencial para salvaguardar la dignidad humana y promover la unidad familiar. Instamos a la administración a defender con valentía los derechos de todos los inmigrantes".

El gobierno ha recurrido anteriormente a la "libertad condicional o permiso humanitario – también denominado "parole" -- para otras poblaciones, incluidas las familias de militares, concediendo a los no ciudadanos la posibilidad de vivir y trabajar temporalmente en EE.UU. sin riesgo de deportación.- - -Kate Scanlon es una reportera nacional de OSV News que cubre Washington. Síguela en X (antes Twitter) @kgscanlon.