byMarietha Góngora V., OSV News
En este screenshot se observa al arzobispo de San Antonio, Gustavo García-Siller, quien encabezó una reunión pública sobre inmigración organizada por la arquidiócesis en febrero. Esta Townhall de Inmigración en la arquidiócesis de Texas tuvo lugar el 17 de febrero de 2025 y reunió al alcalde de la ciudad, al sheriff del condado de Bexar y al director de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de San Antonio, junto con otros líderes católicos locales, para debatir y aclarar las preocupaciones sobre las revisiones de la política de inmigración de Trump. (OSV News/cortesía de la Arquidiócesis de San Antonio) Editors: best quality available.
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(OSV News) -- La Iglesia Católica "insiste en que todo el proceso" de regulación de la inmigración debe realizarse "con respeto", dijo Mons. Gustavo García-Siller, arzobispo de San Antonio durante una reunión pública sobre inmigración que tuvo lugar en febrero.
"La búsqueda del bien común está muy fuertemente" marcada en la enseñanza social católica sobre la migración, explicó el prelado, ya que "tenemos que vernos unos a otros con la misma dignidad" humana que Dios nos da.
El Townhall de Inmigración que tuvo lugar el pasado lunes, 17 de febrero, fue organizado por la Arquidiócesis de San Antonio y contó con la participación de autoridades, líderes locales de San Antonio, Texas, y su máxima autoridad eclesiástica, el arzobispo Gustavo García-Siller.
Entre los panelistas de este encuentro estuvieron Antonio Fernández, presidente/director ejecutivo de Catholic Charities de la Arquidiócesis de San Antonio; Ron Nirenberg, alcalde de San Antonio; Javier Salazar, alguacil del condado de Bexar; y Gloria Urrabazo, vicepresidenta de Misión y Ministerio de la Universidad de Our Lady of the Lake University. El moderador fue el padre Juan Molina, presidente del Mexican-American Catholic College (MACC).
Abriendo el debate el arzobispo García-Siller recordó la enseñanza de la iglesia frente al cuidado y la defensa del pueblo migrante. "Las personas tienen derecho a migrar y a mejorar sus vidas para sí mismas y para aquellos de quienes están cuidando, como familiares, vecinos, amigos", explicó.
"La Iglesia Católica indica que los países tienen derecho a proteger sus fronteras e insiste en que todo el proceso debe ser con respeto, comprensión y por el bien de las personas que migran y por el bien del país que las recibe", agregó el prelado.
El arzobispo hizo un llamado para que el trato al migrante sea enmarcado en la justicia y la misericordia, buscando el bien común y la defensa de la dignidad propia de todo ser humano. "De lo contrario, no es humano y destruye a las personas, las familias y la sociedad. Siempre, a los seres humanos, se les creó a imagen y semejanza de Dios, así que, básicamente, este es el centro".
Cómo en otras diócesis de EE.UU., hay una urgencia de abordar los temas que afectan a los migrantes en este país debido a la nueva coyuntura nacional. Y es que en el mes desde que empezó su mandato, el presidente Donald Trump ha prometido deportaciones masivas de migrantes no autorizados, ha cancelado las citas de procesamiento de inmigración existentes para otros, ha rescindido las salvaguardias de deportación revocando el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para personas de varias naciones en crisis; ha detenido el asilo, la libertad condicional humanitaria y los programas de patrocinio; y ha ampliado las capacidades de la aplicación de la ley de inmigración para realizar arrestos en casas de culto, escuelas y otros lugares previamente considerados "sensibles" (también llamadas "áreas protegidas").
Hablando en la reunión sobre la immigración de febrero, Fernández -- el presidente de Caridades Católicas de San Antonio -- habló del MRC Centro de Bienvenida, un lugar dirigido por Caridades Católicas de esta arquidiócesis y que, según su sitio web, "da la bienvenida y ayuda a los inmigrantes que pasan por San Antonio en su camino hacia sus patrocinadores ubicados en todo el país".
Según Fernández, en los últimos dos años y medio han recibido a cientos de miles de migrantes, gracias a "un gran trabajo entre la ciudad y la Iglesia Católica junto con las organizaciones sin fines de lucro, asegurando que las personas que han cruzado la frontera y que estaban con ICE, Seguridad Nacional o Patrulla Fronteriza, realmente fueran enviadas a organizaciones sin fines de lucro, y ellos vendrían a San Antonio a la iglesia católica".
Fernández explicó que dichas personas llegaban directamente del gobierno para recibir atención y todas contaban con sus números A -- Alien Registration Number -- por lo cual estaban legalmente en los Estados Unidos y debían presentarse ante un juez o reunirse con el ICE.
El arzobispo García-Siller habló de su experiencia compartiendo con los migrantes de este centro y dijo que ha sido una gran bendición en su vida haber estado acompañada por ellos. "Hubo momentos en que fue todos los días, dos, tres, cuatro horas escuchando historias y viendo a otros miembros de la vida religiosa, la vida consagrada, sacerdotes celebrando misas, rezando con ellos, esperanza", expresó..
"Le doy las gracias a Antonio (Fernández) porque esa experiencia también demuestra que podemos dar lo mejor a los más vulnerables, que lo necesitan urgentemente. No solo darles lo poco que queda en la ciudad, sino todo lo que podamos", concluyó el arzobispo, quien más adelante en otra intervención abogó por la necesidad de una reforma migratoria que proteja, por ejemplo al personal religioso que sirve a comunidades bajo visas que los obliga a abandonar el país en un punto durante su servicio.
Por su parte, Urrabazo de Our Lady of the Lake University, habló de una sensación de ansiedad entre los beneficiarios de DACA en los campus universitarios. "Estoy escuchando que hay un clima de miedo. Hay un clima de deshumanización. Que hay un clima de despojo de la propia identidad, que en el pasado ha sido una identidad llena de orgullo, pero que ahora ha sido reemplazada por el miedo", dijo.
"El impacto no es solo en los estudiantes individuales que tienen familiares que han sido devueltos, son sus amigos", comentó Urrabazo, quien advirtió que podría haber estudiantes que no se gradúen.
Así mismo, Urrabazo habló del diligenciamiento de formularios y mencionó que existe "miedo a identificarse como latino o hispano y miedo a las represalias (…) y el miedo a la discriminación racial. Esas son solo algunas de las conversaciones que he tenido con los estudiantes".
Ante esto, el alguacil Salazar, sostuvo que el perfilamiento racial "sigue siendo absolutamente ilegal y si alguien sospecha que un agente de primera respuesta está llevando a cabo un perfil racial, mi oficina debe ser la primera a la que se llame. Lo resolveremos sea cual sea la agencia responsable".
"Mis prioridades y las prioridades de las fuerzas del orden locales son diferentes a las de la actual administración entrante. Puedo decirles con certeza que preferimos tener buenas relaciones con todos en nuestra comunidad. Preferimos que todos en nuestra comunidad se sientan igualmente protegidos, ya sean documentados o indocumentados", aseguró el alguacil.
Por su parte, el alcalde Nirenberg, aseguró que "el ICE quiere expulsar a los delincuentes violentos (…) si están aquí como ciudadanos, el ICE quiere expulsarlos. Si no son ciudadanos, si están aquí ilegalmente, vamos a hacerlo, porque no queremos gente violenta en las calles".
Nirenberg también habló del lugar que mucha gente conoce como Centro de Recursos para Inmigrantes, diciendo que el enfoque de este lugar es proporcionar seguridad pública, mantener el orden en el proceso y tratar a las personas con dignidad. "Sólo somos capaces de hacerlo porque hemos tenido una tremenda colaboración con nuestra comunidad, empezando por Caridades Católicas y la arquidiócesis", añadió.
Así mismo, el burgomaestre afirmó que "en lo que respecta a las personas que tienen miedo de trabajar en este país porque no tienen la documentación adecuada, aquí es donde necesitamos que la gente de buena fe y honestidad se ponga de pie y diga que se necesitan más funcionarios electos, que tienen que cambiar estas leyes".
"No hemos hecho un mejor trabajo para asegurarnos de que podemos expulsar a las personas que no queremos aquí, que van a ser un peligro para nuestra comunidad, y mantener a la gran mayoría de las personas que quieren contribuir", añadió. "Nuestras leyes deben cambiar y debemos exigir a nuestros funcionarios electos, es decir, al Congreso, que lo haga", concluyó el alcalde de San Antonio.
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Marietha Góngora V. escribe para OSV News desde Bogotá, Colombia. Gina Christian, reportera multimedia de OSV News, contribuyó con este artículo.