WASHINGTON (OSV News) -- La administración Trump "ha restituido discretamente" los fondos de planificación familiar del Título X a Planned Parenthood, el mayor proveedor de servicios de aborto del país, lo que llevó a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) a retirar su demanda que buscaba restaurar los fondos, informó el medio de noticias Politico el 13 de enero.

La administración Trump había congelado anteriormente unos 27,5 millones de dólares en subvenciones federales para planificación familiar a grupos como Planned Parenthood, como parte de su investigación sobre los programas de diversidad, equidad e inclusión, a veces denominados DEI, dentro de las agencias federales.Esos fondos del Título X eran solo una fracción de los fondos de los contribuyentes que Planned Parenthood recibe anualmente. El informe anual del grupo para 2023-2024 mostraba que había recibido más de 700 millones de dólares en fondos de los contribuyentes, en forma de reembolsos y subvenciones de los servicios de salud del gobierno, para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2024.

Las filiales de Planned Parenthood en estados como Utah vieron recortados sus fondos del Título X como consecuencia de la congelación. Pero el 12 de enero, la Asociación de Planned Parenthood de Utah anunció que podía volver a participar en el programa.

"Estamos encantados de que, por ahora, se hayan restablecido los fondos del Título X en Utah, lo que permitirá a más habitantes del estado acceder a servicios de planificación familiar esenciales, como métodos anticonceptivos, pruebas de detección de cáncer y pruebas de ITS, que de otro modo no podrían permitirse", declaró Shireen Ghorbani, presidenta y directora ejecutiva de la asociación, en un comunicado.

Politico también obtuvo un documento judicial presentado el 19 de diciembre por la fiscal federal Jeanine Pirro en el que escribía que la revisión de los fondos del Título X "ha concluido y se han restablecido todas las subvenciones en cuestión para los miembros del demandante", y pedía a los demandantes que consideraran si "este asunto puede desestimarse voluntariamente a la luz del restablecimiento de las subvenciones restantes".

Politico informó de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos liberó los fondos en diciembre. El departamento de salud no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de OSV News.

La demanda de la ACLU fue retirada el 12 de enero.

Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life Action, declaró a OSV News: "Hay una forma de expulsar a Planned Parenthood de todos los programas, en lugar de tratar esto pieza por pieza, y es la inhabilitación", refiriéndose a un proceso que prohibiría al grupo participar en nuevos contratos y subvenciones federales.

"Planned Parenthood necesita una experiencia DOGE completa, en la que se le evalúe por fraude y por todas las acusaciones de no denunciar delitos sexuales o de operar en un entorno laboral racista, por nombrar solo algunas de las acusaciones formuladas recientemente", dijo Hawkins, en referencia al Departamento de Eficiencia Gubernamental (conocido como DOGE), un grupo de trabajo no oficial con la intención declarada de frenar el gasto federal.

"Pedimos a la administración Trump que inhabilite a Planned Parenthood y finalmente les diga: 'Están despedidos'", afirmó Hawkins.

En una publicación en X, Susan B. Anthony Pro-Life America, que trabaja para elegir candidatos provida para cargos públicos, argumentó que la "Regla de Protección de la Vida" emitida durante la primera administración Trump "impidió que las grandes empresas abortistas utilizaran el dinero de los contribuyentes del Título X como fondo para sobornos. Biden la canceló. La administración Trump debe restablecerla de inmediato".

Mientras tanto, la administración Trump sigue defendiendo ante los tribunales una disposición de la Ley "One Big Beautiful Bill", que promulgó puntos clave de la agenda legislativa del presidente en cuestiones como los impuestos y la inmigración, y que eliminaría durante un año los fondos para los proveedores de servicios de salud que también practican abortos. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos permitió la aplicación de esa disposición en diciembre, mientras continúan los recursos legales contra ella.

Los partidarios de permitir que Planned Parenthood reciba fondos de los contribuyentes señalan la participación de ese grupo en los servicios de detección y prevención del cáncer, como las pruebas de Papanicolaou y las vacunas contra el VPH, pero los críticos argumentan que los fondos son fungibles y podrían utilizarse para facilitar el aborto.

Los esfuerzos por privar a Planned Parenthood de los fondos públicos se denominan a veces "desfinanciación".

La Iglesia católica enseña que toda vida humana es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural y, como tal, se opone al aborto directo. Tras la decisión de 2022 en el caso Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization, los responsables de la Iglesia en Estados Unidos han reiterado la preocupación de la Iglesia por la madre y el niño, y han pedido que se refuerce el apoyo social a las personas que viven en la pobreza o en otras situaciones que pueden empujar a las mujeres a abortar.- - -Kate Scanlon es reportera nacional de OSV News y cubre la actualidad de Washington. Síguela en X @kgscanlon.

---BREVE: WASHINGTON (OSV News) -- La administración Trump "ha restituido discretamente" los fondos de planificación familiar del Título X a Planned Parenthood, el mayor proveedor de servicios de aborto del país, lo que llevó a la ACLU a retirar su demanda que buscaba restaurar los fondos, informó el medio de noticias Politico el 13 de enero. La administración Trump había congelado previamente unos 27,5 millones de dólares en subvenciones federales para planificación familiar destinadas a grupos como Planned Parenthood, como parte de su investigación sobre los programas de diversidad, equidad e inclusión, a veces denominados DEI, dentro de las agencias federales. Pero esos fondos del Título X eran solo una fracción de los fondos de los contribuyentes que Planned Parenthood recibe anualmente. El informe anual de 2023-2024 del grupo mostraba que había recibido más de 700 millones de dólares en fondos de los contribuyentes para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2024. Las filiales de Planned Parenthood en estados como Utah vieron recortados sus fondos del Título X como respuesta a la congelación. Pero el 12 de enero, la Asociación de Planned Parenthood de Utah anunció que podía volver a participar en el programa. Mientras tanto, la administración Trump sigue defendiendo ante los tribunales una disposición de la Ley One Big Beautiful Bill, que promulgó puntos clave de la agenda legislativa del presidente en cuestiones como los impuestos y la inmigración, y que eliminaría durante un año los fondos para los proveedores de servicios de salud que también practican abortos.